Pobreza digital

En días pasados me enteré, al leer el Reforma (15 de febrero de 2000), que México navega lento en la web. Ocupamos el lugar 107 en velocidad para descargar archivos y 138 para subirlos. Los coreanos descargan información hasta 12 veces más rápido. El mismo día, en el mismo diario, pero en la sección Interfase apareció una nota de Sacnicte Bastida titulada "Hay un rezago en México en cuestión de espectros y de banda ancha" en la que, tras apuntar que los resultados de las licitaciones que se preparan se verán entre 2011 y 2012 (de aquí a dos años), revela que "[m]ientras la OCDE califica como banda ancha a toda velocidad que esté arriba de los 2 Mbps o el gobierno de Obama lo sitúe arriba de 5Mbps, aquí prácticamente ningún operador lo ofrece".

Eso me hizo recordar la noción de pobreza digital.

Para ser más exacto, pensé en Pobreza digital. Perspectivas de América Latina y el Caribe de Hernán Galperina y Judith Mariscal (México: CIDE, 2009), libro que –según se afirma en el prólogo- "representa la primera publicación del Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información (DIRSI)", un grupo de investigación que busca "la creación y difusión de conocimientos que apoyen la participación efectiva de las comunidades pobres y marginadas de América Latina y el Caribe en la sociedad de la información" (14). Enmarcados por el prólogo y las conclusiones, el volumen comprende cinco capítulos redactados por distintos miembros del DIRSI. Sin duda, un documento muy interesante en el que se aprecia la relación entre el marco legal, las inversiones y el desarrollo.

En el primer capítulo, "El concepto de pobreza de información y cómo medirlo en el contexto latinoamericano", Gover Barga (Universidad Católica Bolivariana) y BJörn-Sören Gigler (Georgetown University) proponen una definición para este tipo de pobreza y una ecuación para medirla. Teniendo en cuenta que, en un mundo globalizado, el desarrollo económico implica competencia hacia adentro y hacia afuera y que "la sociedad de la información con visión pro crecimiento y pro competitividad debe complementarse con una visión pro pobre", (19) indagan, en primera instancia, las nociones de pobreza (económica) caracterizada -según algunos investigadores- por criterios como "un dólar y dos dólares al día como la línea para identificar a los pobres", el "quinto quintil de bajos ingresos" o el "gasto básico en alimentos que representen la cantidad mínima de calorías requeridas por una persona al día o el método de la canasta de necesidades básicas" (21). Y señalan, a continuación, las causas estructurales siguiendo a Székely. Sobre esta base, plantean que la "pobreza de comunicación e información es la privación de las capacidades básicas de participación en la sociedad de la información" (26, 27). Aunque pareciera una argumentación por analogía, la conclusión es pertinente puesto que la información se ha convertido en fuente de riqueza, aunque no para todos. De ahí surge el imperativo de medir la pobreza digital: "El acceso a la información puede ser instrumental para identificar las demandas de libertades deseadas por una persona. Los más pobres generalmente no están conscientes de las oportunidades existentes para mejorar sus condiciones de vida" (27). En consecuencia, la definición propuesta puede expresarse como:

Donde, las capacidades mínimas definen la línea de pobreza de información y comunicación, y las capacidades observadas para cada localidad j permiten establecer la distancia hacia la línea de pobreza. (28) Y puede medirse así: La fórmula considera que el costo económico de una localidad está dado por una función que transforma las capacidades mínimas que definen la localidad línea de pobreza, las restricciones locales, las restricciones tecnológicas de la localidad y las restricciones de uso de las TIC. Desde luego, la explicación teórica a detalle muestra cómo interactúan el mercado, el gobierno y las localidades. Eso supone que después de la medición deberán generarse políticas públicas, pero los autores tienen claro que "los pobres mismos deben, a través de un proceso participativo, identificar las oportunidades y los desafíos que pueden brindar las nuevas TIC" (31).

En el capítulo 2, "Análisis de la demanda de TIC. ¿Qué es y cómo medir la pobreza digital?" de Roxana Barrantes (Instituto de Estudios Peruanos) también se ofrecen elementos de definición en referencia directa a las teorías económicas, específicamente, en términos de oferta y demanda (que no ha de entenderse como sinónimo de necesidad). En este sentido está claro que,

[d]esde la economía, sabemos que solamente serán parte de la demanda de cualquier bien o servicio aquellos con la disposición de pago suficiente, y esto ocurrirá cuando se conozca la utilidad del bien o servicio. Dos factores importantes limitan así la demanda: la carencia de ingresos, por un lado, y el desconocimiento de la utilidad asociada con el consumo del bien o serbio, por el otro. (48)

En consecuencia, se construye la definición de pobreza digital considerando los "atributos asociados con el uso y consumo de TIC" entre los cuales destacan la Conectividad, la Comunicación y la Información. (51-52). Así, el pobre digital es el que carece, sea por falta de acceso –consideración de oferta-, por falta de conocimiento de cómo se utiliza o por falta de ingresos –consideraciones de demanda-, de la información y la comunicación permitidas por las tecnologías digitales. (53) Esta aproximación teórica permite establecer una tipología variada de pobres digitales, según los atributos apuntados y otras variables como la edad, la educación, la infraestructura disponible y la funcionalidad cumplida (55-56). Los resultados pueden verse en el siguiente esquema.

Nivel de pobreza digital. Fuente: Barrantes, Roxana. "Análisis de la demanda de TIC". Pobreza digital. México, CIDE, 2009. Pág. 58.

Judith Mariscal (CIDE), Carla Bonina (London School of Economics y Telecom – CIDE) y Julio Luna (consultor) analizan en el tercer capítulo, "Los nuevos escenarios de mercado en América Latina", analizan la forma en que los países en desarrollo procuran garantizar el acceso a las telecomunicaciones, ya confiando en que "un mercado competitivo que estimule la inversión", ya enfatizando "el papel directo del sector" (85), pero en todo caso haciendo evidente que "la falta de acceso a las TIC continúa siendo un problema significativo para los segmentos con menores recursos de la población" (86). El diagnóstico –simplificado- permite observar la consolidación de dos empresas (Telefónica y América Móvil) que se han afianzado gracias a la regulación vigente en los países latinoamericanos y cuya estrategia de posicionamiento ya no sólo incluyen servicios de telefonía móvil. Entre ambas compañías,

lo que presenciamos es una estrategia de sobrevivencia global. De hecho, en muchos países las dos empresas han sacrificado tasas de ganancia [...] y buscan explotar las economías de escala y de alcance que les ofrecen su tamaño y posición regional. (98)

Esto ha significado un incremento en el acceso a servicios de telecomunicación (y en ese tenor, representa una disminución de la brecha tecnológica). Este crecimiento se ha mantenido gracias a la expansión de redes, a políticas como "el que llama paga", a la disminución de tarifas y a la existencia de sistemas de prepago. Pero, es posible que una vez consolidado el duopolio, "en algún momento próximo se presentara una estrategia de cooperación entre ambas [compañías]" (113).

Una alternativa al duopolio es la coproducción de servicios, tema analizado por Hernán Galperin (Universidad de San Andrés) y Bruce Girard (Fundación Comunica) en "Los microtelcos en América Latina y el Caribe", el capítulo cuarto. ¿Qué son los microtelcos? Son pequeños operadores (cooperativas o sociedades modestas, incluso gobiernos municipales) que comparten redes de telecomunicaciones y distribuyen entre sí los costos, gracias a lo cual pueden ofrecer servicios a clientes que no llaman la atención de las grandes empresas, es decir, a los pobres. "Estos micro operadores buscan activamente combinaciones de capital, mano de obra y tecnología que potencien sus ingresos, con base en su conocimiento único sobre las condiciones locales y las preferencias de demanda" (119). La parte medular del capítulo la constituyen los estudios de caso (las cooperativas telefónicas en Argentina, las redes comunitarias inalámbricas en Perú, las redes municipales en Argentina y Brasil, los operadores independientes en Colombia), que si bien comparten el hecho de ser experiencias exitosas, revelan que los límites normativos son "una barrera importante para el ingreso a los mercados de las TIC de América Latina y el Caribe". (141)

En el último capítulo, "Seleccionando soluciones TIC sustentables para la intervención pro pobre", Kim I. Mallalieu y Sean Rocke (The University of West Indies) proponen un modelo depurador, es decir, "un marco que orienta la selección de soluciones de intervención tecnológica para las comunidades de interés" (153), que atiende a los dominios general, del usuario y de la tecnología. En otras palabras: este modelo enlaza los medios de vida (primer dominio) con los requisitos técnicos (segundo dominio) y las soluciones TIC propiamente dichas (tercer dominio). Esto permite señalar los atributos de la información y la comunicación en cada dominio, los parámetros técnicos y sus puntos de referencia, sugiriendo al final que "el éxito de las soluciones TIC para las comunidades digitalmente pobres está estrechamente relacionado con los modelos de propiedad además de con los modelos de servicio y acceso. (183)

Un denominador común de los artículos es el deseo de contribuir a la reflexión y al establecimiento de políticas públicas eficientes, en un contexto en el que el gobierno pudiera –hipotéticamente- tratar de combatir la pobreza digital y reducir la brecha tecnológica gravando con impuestos especiales a las telecomunicaciones.